Una vez que se ha asegurado que existe un volumen de agua suficiente para facilitar el suministro de agua potable a una población, es necesario atender al buen gobierno de la misma, para que los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento fucionen de manera correcta. Tanto el sector privado como público tienen su responsabilidad compartida en este aspecto, aunque son las instituciones públicas responsables del abastecimiento las que han de liderar el proceso.
La gestión del agua necesita equilibrar los objetivos económicos, sociales y medioambientales. Para ello es necesario establecer planes integrales de gestión de recusos hídricos (IWRM, en sus siglas inglesas) tal y como se acordó en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en 2002.
Las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo integrador ya que asumen un doble papel: por un lado, como propietarios de las infraestructuras (facilitando el suministro de agua y los servicios de saneamiento y depuración); y por otro, como entes reguladores para los proveedores tanto públicos como privados. Una diferenciación clara entre ambas funciones puede ayudar a hacer que la relación entre intereses públicos y privados sea beneficiosa para todos.
Una de las herramientas más útiles para conseguir este objetivo en la firma de contratos entre administraciones públicas y organizaciones privadas. Estos contratos han de estar basados en resultados, de manera que sea sencillo establecer unos objetivos y evaluarlos al final de cada periodo.
El enfoque más coherente, como siempre, ha de plantearse tomando como referencia la cuenca hidrográfica. En este sentido, la coordinación entre las autoridades estatales y locales ha de ser máxima, con objeto de resolver los conflictos de manera rápida y justa.
El papel del sector privado
Aunque la mayor parte de los sistemas de gestión de recursos hídricos pertenecen a las administraciones públicas, hay un creciente número de empresas privadas que compiten para hacerse con el mercado del agua. Por otro lado, es cada vez más frecuente y recomendable que los poderes públicos vayan variando su papel, desde suministradores del servicio a reguladores del mercado. La práctica más frecuente, en este sentido, es que las administraciones públicas cedan la gestión de los recuros mediante concesiones a empresas privadas.
No obstante, en los países en vías de desarrollo la participación de
las empresas privadas es mucho inferior a los países de la OCDE, aunque
en los últimos años ya están comenzando a entrar en el mercado. La
razón de esta situación es la excesiva exposición de los operadores a
las coyunturas políticas y económicas. Así, las empresas deben asumir
cuantiosas deudas para poner en marcha una red de abastecimiento, de
modo que resulta imprescindible cierta estabilidad -económica y política-
para garantizar los pagos a largo plazo. Aunque muchos operadores no
consideran razonable asumir estos riesgos, en algunos países como Rusia
el 11% de la población urbana ya es abastecidas por compañías de capital
privado.
Estos y otros problemas pueden ser estudiados en profundidad con los recursos
que ofrece la OCDE sobre gobernabilidad de los recursos hídricos:
Improving Water Management: Recent OECD experience - Documento en PDF editado en 2003
OECD Environmental Performance Reviews - Water: The Experience in OECD countries (2006) - Continuación del anterior informe, editado en 2003
Inland Waterways and Environmental Protection - Editado en 2006
Más información sobre el trabajo de la OCDE en esta materia puede ser consultada en natural resources management
Uso sostenible del agua en agricultura
Lograr una gestión sostenible del uso del agua en la agricultura es una prioridad absoluta, ya que su consumo representa en torno al 70% del agua extraída en el mundo (en los países del OCDE este porcentaje se reduce al 45%, aunque el consumo para este fin ha crecido rápidamente durante la última década). Por tanto, la utilización eficiente de recursos, minimizando las pérdidas en conducciones, y la reducción de la contaminación por el uso de abonos agrícolas, resulta esencial.
Esta mejora de la gestión es especialmente necesaria teniendo en cuenta las oscuras perspectivas ofrecidas en el contexto del cambio climático. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la agricultura es una de las fuentes de contaminación del agua más importante, por el uso de abonos y pesticidas.
En muchos países -especialmente en los más desarrollados- los poderes públicos subvencionan a los agricultores, incluyendo cuantías para el suministro y saneamiento de agua. El resultado es que son el resto de usuarios y la industria quien hace frente a esos costes.
La recomendación, por tanto, para los gobiernos -bien sean países desarrollados o en vías de desarrollo- es que se controle el uso del agua por parte de los agricultores, para evitar malas prácticas o usos abusivos. Las medidas que se plantean para conseguir este objetivo abarcan medidas regulatorias, de carácter voluntario y basadas en el mercado, siendo estas últimas las que más perspectivas de éxito presentan.
La OCDE ofrece también varios enlaces útiles sobre el uso sostenible del agua para actividades agrícolas:
Environment, water resources and agricultural policies: lessons from China and OECD countries
Water and agriculture: Sustainability, Markets and Policies: proceedings of an OECD workshop - Celebrado en Adelaida, Australia, 14-18 de noviembre de 2005 (consultar también las conclusiones y recomendaciones)
OECD Expert Meeting on Agricultural Water Quality and Water Use Indicators - Celebrado en Gyeongju (Corea del Norte), octubre de 2003
Agriculture and Environment: Lessons Learned from a Decade of OECD Work - Editado en 2004
Transition To Full-Cost Pricing Of Irrigation Water For Agriculture In OECD Countries
Sobre este tema se puede encontrar información adicional en la página de la OCDE: sustanaible agriculture
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible - Celebrada en Johannesburdo, del 26 de septiembre al 4 de agosto de 2002